por Mons. Pablo Galimberti (obispo de Salto)
Cuando visito a un preso suelo preguntarme ¿cómo “rehabilitar” a una persona
privada de su libertad?
La cárcel salteña es ahora un Centro de rehabilitación. Participé el día del
cambio de nombre que contó con la presencia del actual ministro del interior.
Pero fue más que un cambio de nombre.
Una señal importante del cambio de sistema se concretó con una ley que permitió
crear hasta 1.500 nuevos cargos de “operadores carcelarios” (mujeres y
hombres). Estos guardias que visten con camisa celeste no llevan armas.
“Nuestra arma es el diálogo”. Empezaron a capacitarse en 2011 para Montevideo
pero hoy están en todo el país. No desplazan a los policías, a quienes corresponde
la seguridad interna.
El ex comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Alvaro Garcé,
afirmaba que esta nueva presencia resultaba muy importante para generar un
cambio en la gestión y en el vínculo con los encarcelados. Durante su
preparación se van interiorizando de ciertas claves de la “rehabilitación”.
Mientras estaba en el patio externo conversando con un interno escuchábamos a
pocos metros el bombo, platillo y redoblante de una murga integrada por los
internos. Con vestimenta y maquillaje impecables. Esta y otras iniciativas como
clases o apoyo a exámenes de quienes quieren estudiar, son indicadores de las
oportunidades al alcance de los internos. Encontré a un interno, que es maestro,
que con mucha paciencia ofrece apoyo a quienes quieren estudiar.
En noviembre de 2012 los directores de centros penitenciales del Consejo de
Europa se reunieron en Roma. Al finalizar sus trabajos los recibió el Papa
Benedicto XVI. De él tomo algunas pautas iluminadoras.
Decía: “Los temas de la justicia penal
atraen continuamente la atención de la opinión pública y de los gobiernos…”
Pensemos en los debates sobre la baja de edad de imputabilidad en nuestro país.
La tendencia es limitar el debate sólo a las cuestiones legislativas y a la
etapa procesal referida a los tiempos y las modalidades para llegar a una
sentencia que corresponda lo más posible a la verdad de los hechos.
Pero se presta menor atención a cómo se trata al detenido. La pena tiene una
función reeducativa. Esta etapa no es para nada accesoria en el sistema penal
sino un momento culminante. Para “hacer justicia” no basta castigar a quien es
reconocido culpable de un delito; es indispensable que, al castigarlo, se haga
todo lo posible para corregir y mejorar a la persona. Cuando esto no ocurre, la
justicia no se realiza en sentido integral.
Hay que esforzarse para evitar que una privación de libertad fracase en la
función reeducativa. Se transformaría así en una pena anti-educativa. Y en vez
de corregir, acentuaría la inclinación a delinquir y la peligrosidad social de
una persona.
El Papa Benedicto elogia a quienes cumplen esta tarea: “En cierto sentido
vuestro papel es aún más decisivo que el de los órganos legislativos, puesto
que, aún contando con estructuras y recursos adecuados, la eficacia de los
itinerarios reeducativos siempre depende de la sensibilidad, la capacidad y la
atención de las personas llamadas a realizar lo establecido sobre el papel”.
“Rindo homenaje a todos los que trabajan con seriedad y dedicación en esta
tarea, que recuerdan la misión misma de Cristo, que no vino a llamar a los
justos, sino a los pecadores, destinatarios privilegiados de la misericordia de
Dios”.
Publicado en Diario Cambio, 10 de marzo de 2017.
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